Los senadores de oposición Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Roy Barreras denunciaron este sábado que fueron víctimas de escuchas ilegales en su contra por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), con lo que aseguraron que se busca crear un "montaje judicial".

Así lo explicaron en un carta que enviaron al presidente Iván Duque en la que Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo; Barreras, del Partido de la U y muy cercano al expresidente Juan Manuel Santos, y Sanguino, de la Alianza Verde, denunciaron que hay en marcha "operaciones de descrédito" en su contra.

En la década pasada se desató un escándalo en Colombia conocido como "las chuzadas", interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales hechos durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) por funcionarios del hoy desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la antigua agencia de inteligencia colombiana, a periodistas y opositores.

Por ese caso fueron condenados el exsecretario de la Presidencia de Colombia en la Administración Uribe Bernardo Moreno y la exjefa de la central de inteligencia de Colombia María del Pilar Hurtado, quienes fueron hallados responsables de varios delitos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Los congresistas manifestaron este sábado que recibieron de "diversas fuentes la información según la cual" desde el DNI, que depende de la Presidencia, "se vienen preparando operaciones de descrédito en contra nuestra y de una decena de ciudadanos quienes hemos sido declarados objetivos políticos de acciones encubiertas".

"Dichas operaciones comprenderían labores de inteligencia que no cuentan con autorización ni órdenes judiciales y que por lo tanto son ilegales con el propósito, nos advierten, de urdir investigaciones penales sobre bases falsas o, en otras palabras, crear 'falsos positivos judiciales'", detallaron.

Frente a esta situación, Cepeda, Barreras y Sanguino, copresidentes de la Comisión de Paz del Senado, manifestaron que ya denunciaron las supuestas "operaciones de descrédito" en la Fiscalía "para su averiguación", pues consideran que "este tipo de persecuciones son usuales en regímenes despóticos en los que se acalla a la oposición".

"Compartimos la preocupación por ciertos hechos que conexos podrían significar una estrategia de persecución sistemática a las voces opositoras, críticas al Gobierno o al líder del partido de Gobierno (el expresidente Uribe)", apostillaron.

Es por ello que los senadores consideran que, si se comprueban las escuchas ilegales, supone "una agresión al libre ejercicio de la política en Colombia" e "intentar silenciar" sus voces "sería un aleve atentado contra la democracia, el estado social de derecho, los derechos de la oposición y contra los esfuerzos por la paz".

"Grave resulta que fuerzas oscuras ilegales persigan e intimiden a contradictores políticos, pero más grave sería aún que en dichas maniobras participen altos agentes y agencias del estado", explicaron.

En la misiva -de la cual se enviaron copias al fiscal general encargado de Colombia, Fabio Espitia, y a la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño- los congresistas pidieron al Gobierno "todas las garantías" para ejercer su labor en "defensa de la paz". 

EFE